Hace unos meses nos vimos obligados a reportar una triste noticia; la de que México, a través de su presidenta, Claudia Sheinbaum, buscaba que los videojuegos violentos tuvieran un impuesto añadido del 8% para frenar su distribución. En lo que ella considero una "guerra contra la violencia". Sin embargo, aquello fue recibido con antorchas en la mano, y un enorme despliegue en redes sociales para que se cancelara la propuesta.

En el mes de noviembre la noticia se concretó; cuando el congreso del país aprobó la reforma, que tomaría vigor a partir de enero de 2026. Sin embargo, el 23 de diciembre México nos tenía otra sorpresa, cuando la misma presidenta de gobierno recogió cable y declaró que la medida era insostenible, revocándola definitivamente.

Sheinbaum explicó que poner impuestos a los videojuegos violentos acarrea un serio problema de consistencia pues "es dificil clasificar qué videojuego es violento y cual no." Quizas como una excusa rápida para salir del paso y evitar más voces en contra, pero este era precisamente uno de los aspectos más criticados de la reforma. ¿Cómo saber qué juego es realmente violento? ¿Que hay de la violencia caricaturizada? ¿Debe haber sangre, si es así cuanta? ¿Que hay de la violencia en las cinemáticas y que tal si me las salto? ¿Especificamos violencia física o también cuenta la verbal o psicológica? ¿Cuenta como violencia dañar elementos del entorno o sólo personajes vivos? ¿Que tal si hago una campaña pacifista sin dañar a ningún personaje?

A pesar de que la presidenta reculó en la medida, mantuvo su postura de que los videojuegos siguen siendo un mal ejemplo de modelo para la juventud. Tenga razón o no, Sheinbaum logró enmendar un aparente error de mandato y al mismo tiempo mantuvo su postura al respecto. Pero lo más importante, La comunidad gamer de México puede estar orgullosa de haber logrado una pequeña victoria contra lo que ellos consideraban, un atropello sin justificación.

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